Por Héctor Polino. Fuente: Semanario El Parlamentario
El titular de Consumidores Libres conmemora la fecha con un análisis sobre la necesidad de declarar como servicio público a la telefonía móvil.
El 15 de Marzo de 1962, el entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John F. Kennedy, dijo en el Congreso: “Por definición, consumidores nos incluye a todos, ellos son el mayor grupo económico que afecta, y es afectado, por casi toda decisión pública y privada…”.
A partir del año 1983, en conmemoración al discurso del mencionado presidente, cada 15 de Marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las Directrices para la Protección de los Consumidores. Estas abarcan un conjunto de ideas-fuerzas y dan un marco adecuado para favorecer las políticas públicas para su protección.
Luego de varias definiciones y redefiniciones, se alcanza el desarrollo de ocho puntos fundamentales del consumidor, el que tiene derecho:
1. A la satisfacción de las necesidades básicas: tener acceso a productos y servicios esenciales y básicos, alimentación adecuada, vestimenta, vivienda, servicio de salud, educación y sanidad.
2. A la salud y a la seguridad: tener protección contra productos, procesos de producción y servicios dañinos a la salud o a la vida.
3. A estar informado: recibir la información necesaria para tomar una decisión informada, y ser protegido contra la publicidad engañosa y el etiquetado deshonesto o engañoso.
4. A la libre Elección: tener la posibilidad de poder elegir desde una gama de productos y servicios, ofrecidos a precios competitivos con garantías de calidad satisfactoria.
5. A asociarse y a ser escuchado: representar los intereses de los consumidores en el diseño e implementación de políticas gubernamentales, en el desarrollo de productos y servicios.
6. A reparación: recibir una resolución justa por los reclamos justificados, incluyendo compensación por mala representación, productos de mala calidad, o servicios insatisfactorios.
7. A la educación del consumidor: adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas sobre productos y servicios, y al tiempo estar consciente de los derechos y responsabilidades básicas de los consumidores y como ejercerlas.
8. A un medio ambiente sano: vivir y trabajar en un ambiente que no amenace el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
En nuestro país, es mucho lo que se ha avanzado en la legislación protectora de los derechos de los consumidores, incluso, con la incorporación de los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, reformada en el año 1994. Pero aún falta muchísimo para que el consumidor sea una persona perfectamente informada y respetada en las relaciones de consumo.
A modo de ejemplo, basta señalar que el Congreso Nacional está en deuda con los usuarios de la telefonía celular. Es inexplicable que aún no se haya sancionando una ley que establezca un marco regulatorio de la actividad, que defina a la telefonía celular como un servicio público; que establezca el mecanismo de las audiencias públicas cada vez que las empresas pretendan modificar los cuadros tarifarios y, que se constituya un orgnismo de control autárquico, fuerte e independiente, de las empresas y de los gobiernos de turno.
¿Cómo es posible, que existiendo en el país 8.500.000 de líneas de telefonía fija, esta actividad sea considerada un servicio público, y en cambio la telefonía móvil que opera con 60.000.000 de líneas aún no le haya alcanzado esa definición?
¿Cómo es posible, que las empresas aumenten los cuadros tarifarios, sin obligación de mostrar su estructura de costos, y que los argentinos paguen las tarifas más caras del mundo?
¿Cómo es posible, que las empresas de telefonía celular continúen batiendo un record nacional, por la cantidad de denuncias que se reciben en las asociaciones de consumidores, y en los organismos públicos, por problemas de funcionamiento de aparatos y chips, cortes de llamadas, mensajes que no llegan a tiempo, cobros indebidos, intereses que no corresponden, trámites engorrosos para dar de baja el servicios 3G, falta de señales, cambios de planes sin consulta, etc.?
La razón fundamental por la cual la telefonía fija quedó estancada en nuestro país, y se desarrolló tanto la telefonía móvil, es porque la fija es considerada un servicio público y la móvil no. Entonces, las empresas prefirieron invertir en el desarrollo de la telefonía móvil, dejando congelada la telefonía fija.
Además, los sectores más pobre de la sociedad argentina, al no tener telefonía fija, tienen que recurrir forzosamente a la telefonía móvil, que es muchísimo más cara. Y dentro de la telefonía móvil mayoritariamente recurren al sistema prepago, que a su vez es muchísimo más caro, que el pospago.
Desde hace años, están presentados en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, varios proyectos que pertenecen a distintas bancadas políticas tendientes a regular la actividad de la telefonía móvil. Entre otros, merecen destacarse el proyecto del diputado Carlos Marcelo Comi, y del senador Rubén Giustiniani.
Sin embargo, esas iniciativas inexplicablemente no han avanzado.
El día 11 de marzo, en conmemoración del día Mundial de los Derechos del Consumidor, se llevó a cabo en el seno de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación, una jornada en la que se consideró un proyecto de ley del diputado Hugo Maldonado.
Dicho proyecto declara a la telefonía celular un servicio público; establece la suspensión preventiva de la comercialización de equipos de comunicaciones móviles; propugna una reducción de tarifas, y requiere la licitación de nuevas frecuencias.
Consumers International (Federación Mundial de grupos en defensa de derechos de consumidores, con más de 240 organizaciones miembros, distribuidas en 120 países) convocó a una “Campaña Global”: “Telefónicas Desbloqueen Nuestro Derechos”, en el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor 2014”.
En ese marco conmemorativo, se realizó la reunión en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación, que contó con la presencia de legisladores de distintas bancadas y representantes de varias entidades de defensa del consumidor, que manifestaron su apoyo a la iniciativa del diputado Maldonado.
Deja una respuesta