Fuente: La Voz del Interior
La Secretaría de Comercio Interior embiste ahora contra las organizaciones defensoras de los consumidores, con el objetivo de silenciar cualquier indicador que evidencie las mentiras del Indec.
Los ataques del inefable Guillermo Moreno ya no se pueden explicar más que con el objetivo de silenciar a todo actor económico o sector empresarial que cuestione los absurdos índices oficiales de precios que él controla.
Ahora las organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores son objeto de presiones y otros actos intimidatorios por parte de organismos o áreas administrativas que dependen del secretario de Comercio Interior.
Esa estructura debiera ser un área burocrática de menor peso dentro de un organigrama ministerial dedicado a definir y ejecutar las políticas económicas. Pero está visto que esa secretaría, así como la de Política Económica y Planificación del Desarrollo, a cargo de Axel Kicillof, tiene mayor protagonismo y capacidad de decisión que el ministro de Economía de la Nación.
El ataque a las organizaciones encargadas de velar por los derechos de los consumidores no es una estrategia nueva por parte de la secretaría que conduce Moreno. A fines de agosto, la entidad Consumidores Libres, que encabeza el ex diputado socialista Héctor Polino, fue retirada del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores por haber difundido los aumentos en la canasta básica en la primera quincena de agosto.
Semanas atrás, Sandra González, de Adecua, fue retirada a los empujones de una reunión de entidades de consumidores por cuestionar los métodos de funcionamiento de un pretendido Consejo de Ética, que presidía Moreno, quien se caracteriza por no respetar los derechos y usos que consagra la moral de la sociedad. Como corolario de ese episodio, las restantes organizaciones desistieron de integrar dicho consejo.
El último episodio se relaciona con la advertencia formulada a Adelco, que preside Claudia Collado, para que se abstenga de difundir índices de precios de los productos que venía relevando, bajo amenaza de ser sancionada.
Moreno ya había empleado este modo operativo contra los institutos de economía privados que comenzaron a mostrar un aumento que duplicaba o casi triplicaba el índice de precios que mensualmente anuncia el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, el prestigio internacional que exhibía el Indec fue tirado a la basura por la grosera manipulación de los funcionarios que responden a Moreno.
Pero ese accionar no ha tenido respaldo en la Justicia, como lo demuestra el fallo del Juzgado en lo Penal Económico N° 6, que desestimó que pudiera ser considerado como delito el acto de difundir las estadísticas de Buenos Aires City, a cargo de quien fuera directora del área de precios del Indec, Graciela Bevacqua.
En suma, el Gobierno pretende que no se hable de inflación ni se difundan indicadores que evidencien la burda mentira del Indec, al tiempo que no existen políticas para afrontar uno de los principales problemas de la economía argentina.
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