Doble discurso

María O’Donnell | 28 de agosto de 2012

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El nuevo adversario que el Gobierno persigue tiene 79 años y despierta cada día a las cinco de la mañana; lee los diarios con atención y si detecta algún atropello a los derechos del consumidor, su gran obsesión, pone en alerta desde muy temprano a los productores de los programas de radio, porque son de los pocos seres humanos activos a esa hora.

A las seis de la mañana ya tiene todas sus redes tendidas. Suele apuntar sus cañones contra los bancos, las tarjetas de crédito, las empresas de medicina prepaga y las compañías de telefonía celular, los sectores más concentrados y más redituables de la economía argentina de los últimos años; también pone el foco en las empresas que prestan servicios públicos. Un poco más tarde, cuando otros recién se despiertan, él se traslada en transporte público hasta la sede de Consumidores Libres, una organización de defensa del consumidor que fundó hace más de 20 años, de la cual es representante legal, aunque nunca cobró un centavo en concepto de honorarios.

Consumidores Libres no toma clientes particulares: sólo acepta llevar adelante causas colectivas y jamás recomienda abogados a usuarios o clientes cuyos derechos han sido vulnerados, para no caer en situaciones de conflicto de interés. La organización también realiza -hace más de 18 años- una medición de precios, que renueva cada quince días. Releva los mismos 38 productos -papa, pollo, yerba mate, zapallo, sal fina, manteca, polenta, arroz, leche, queso, cebolla, tomate, banana, azúcar, café y acelga, entre otros- en supermercados y centros barriales de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano.

Luego, difunde la variación de precios registrada a lo largo las dos semanas que transcurren entre una y otra medición. En sus comunicados, siempre aclara que no se trata de un indicador de inflación, sino de un monitoreo de precios acotado a un número limitado de productos. De todos modos, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, había advertido a los integrantes de la organización que actuaran de manera más prudente. Sugirió que limitaran la difusión de los datos a sus contactos más cercanos, eludiendo a los medios de comunicación masivos, y en particular al diario Clarín.

Se sabe: Moreno castiga a todo aquel que contradice sus índices inverosímiles de inflación; demasiadas veces ha mostrado ya que su retórica revolucionaria de la lucha contra los intereses concentrados no es más que un discurso vacío: ¿cómo explicar de otro modo que convalide los aumentos de los supermercados al tiempo que castiga a quienes se limitan a informarlos?

Pero no le hicieron caso. Para colmo de males, Clarín publicó el viernes de la semana pasada los resultados del monitoreo de Consumidores Libres, que evidenciaban una suba, en lo que va del año 2012, del 17.53 por ciento en los productos relevados, un porcentaje muy por encima de las cifras oficiales que difunde el Instituto de Estadística y Censos (Indec) desde la intervención que comanda Moreno.

El mismo viernes, Consumidores Libres recibió una notificación por parte de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, en la que se le informaba que había sido suspendida de manera preventiva del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores. ¿Su pecado? Haber difundido los aumentos, y en particular, a través del diario Clarín (la carta mencionaba la publicación en ese medio como quien invoca un agravante).

La nota que anuncia la apertura del sumario, con lenguaje burocrático, describe de la siguiente manera la falta severa que habría cometido Consumidores Libres: “el artículo 4 de la norma en cuestión prevé que la información a los consumidores debe ser, entre otras cuestiones, cierta, clara y detallada. Y por su alcance y naturaleza, el relevamiento o medición de los precios que realizaría la Asociación carecería del rigor, el basamento científico y la consistencia estadística necesario para la realización de mediciones de la especie por lo que, su difusión o acceso a los consumidores, podría inducir a confusión o a la diseminación de datos no veraces, generando potencialmente y, consecuentemente, un perjuicio para los intereses económicos de los mismos, bien jurídico protegido de rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico“. Podría ser gracioso si no fuese grotesco.

Con esta acción, el Gobierno pretende simular que protege a los ciudadanos una información por cierto dañina para la salud de la población: nada más peligroso que el consumo de un relevamiento de los precios en un supermercado. El absurdo se evidencia con un pequeño detalle, muy relevante. El artículo 4 de la ley referida (ley 24.240, de protección de los consumidores) dice así: “El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización“. Enunciado de esta manera, surge con claridad que se trata de una obligación para el proveedor. El artículo obliga al proveedor a no engañar a sus potenciales clientes, pero no prohíbe ni regula de ninguna manera la información que difunden las organizaciones no gubernamentales, algo que tampoco podría hacer sin violar la libertad de expresión.

Después de recibir la notificación de la secretaría que encabeza María Lucila Colombo, alias “Pimpi”, el representante legal y fundador de Consumidores Libres, el ex diputado Héctor Polino, militante de toda la vida del Partido Socialista, funcionario de Asuntos Cooperativos durante el gobierno de Raúl Alfonsín, amaneció más temprano que de costumbre. Polino demostró en una ronda agotadora con radios y medios de todo el país que no lo han amedrentado: a los 79 años seguirá luchando como siempre por los derechos del consumidor. Su mayor preocupación por estas horas es pensar qué pasará con los juicios que Consumidores Libres ya tiene iniciados en contra de bancos, empresas de telefonía celular y de medicina prepaga si la organización perdiera su personería.