COMISION DE USUARIOS DEL ENRE

Reconocida por el ENTE NACIONAL REGULADOR de la ELECTRICIDAD desde el 2 de diciembre de 2003
INTEGRADA POR : ACUCC, ACUDA , ADECUA , ADELCO, ADUC, ADDUC, CEC, CESYAC, CODEC, CONSUMIDORES ARGENTINOS, CONSUMIDORES LIBRES, CRUZADA CIVICA, DEUCO, FEMUDECO, LIDECO, PADEC, PROCONSUMER, PROCURAR, UCA, UNADEC, UNION DEUSUARIOS Y CONSUMIDORES, USUARIOS Y CONSUMIDORES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS.

AUDIENCIA PUBLICA – TARIFAS DE TRANSICIÓN 2021

A partir de la sanción de la Ley 27.541, en diciembre de 2019, se declaró la emergencia pública en materia económica, tarifaria,
energética, sanitaria y social, por la cual se facultó al Poder Ejecutivo Nacional -entre otras cosas- a efectuar la reestructuración tarifaria del
sistema energético, con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva, a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020.
Luego, mediante el Decreto 260/2020 de marzo de 2020, se amplió la Emergencia Sanitaria por la pandemia del Covid 19 y se adoptaron medidas preventivas para evitar la propagación del virus, que tuvieron repercusión sobre la actividad económica y social de millones de argentinos, con consecuencias sobre el acceso al trabajo y la reducción de ingresos.

En ese contexto, el gobierno nacional dictó distintas medidas para atender la situación social derivada de la emergencia económica agravada por la emergencia sanitaria, tales como: el Ingreso Familiar de Emergencia, al cual accedieron 8 millones de personas en situación de precariedad económica; la creación de la Tarjeta Alimentaria; el aumento de los montos asignados a la Asignación Universal por Hijo a las madres embarazadas; la ANSES suspendió el cobro de las cuotas durante todo el año 2020 a los casi 7 millones de argentinos que tenían créditos con el organismo; se dispuso mediante el Decreto 1020/2020 el congelamiento de las tarifas de gas natural, energía eléctrica, telefonía y agua y saneamiento, vigente hasta el 31 de marzo de 2021; mediante el Decreto 311/2020, el gobierno nacional dispuso la imposibilidad de corte del suministro de los servicios públicos por falta de pago de hasta 7 facturas de gas natural, energía eléctrica, servicios Tics, entre otros; el Banco Central redujo las tasas de interés de los créditos personales; se adoptaron medidas con los suscriptores de los créditos UVA; se suspendieron los desalojos hasta el 31 de marzo de 2021, etc.
Reconocemos la importancia de las medidas tomadas por el Estado Nacional antes mencionadas, pero ellas no impidieron el agravamiento de las condiciones de vida de la población. El INDEC informó que en el primer semestre de 2020, el 30,4% de los hogares y el 40,9% de las personas se encontraron en situación de pobreza. Esto implica que, se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza 2.849.755 hogares que incluyen a 11.680.575 personas y, dentro de ese conjunto, 754.155 hogares están por debajo de la Línea de Indigencia incluyendo a 2.995.878 personas indigentes. Similares números afectan al conglomerado del AMBA, cuyos habitantes deberían soportar los pretendidos aumentos del servicio de electricidad.
Es cierto que en el presente año 2021, por efecto de la distensión paulatina de las medidas restrictivas de circulación y de la ampliación de la actividad económica, las condiciones económicas de algunos usuarios están comenzando a mejorar lentamente, pero esta lenta mejoría seguramente llevará -como mínimo- todo el año 2021. Creemos que llevará bastante tiempo que la mayoría de los argentinos recupere el nivel de ingresos que permita revertir los índices crecientes de pobreza e indigencia.
La actividad laboral todavía no se ha recuperado plenamente: El INDEC informó que en el tercer trimestre de 2020, la tasa de actividad se ubicó en 42,3%; la tasa de empleo, en 37,4%; y la tasa de desocupación en 11,7%. Ello pone de manifiesto que a pesar de la flexibilización, en el tercer trimestre del año 2020 la pandemia del COVID-19 continuó impactando sobre la dinámica del mercado de trabajo. Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, en noviembre 2020 permanecían suspendidos 339.000 trabajadores.
El promedio de aumento salarial para los trabajadores registrados fue del 31,6%, y el incremento del Índice de Precios al Consumidor fue del
36,1%, lo que demuestra que los salarios no alcanzaron a cubrir esos aumentos. Debemos tener en cuenta que los alimentos se incrementaron en un 44%; además la carne vacuna aumentó un 74%, las frutas y verduras un 75% y la carne aviar un 51%.
Debemos considerar además, que el endeudamiento de las familias argentinas producido en 2019 no pudo resolverse durante 2020, por los
motivos citados. Las deudas de jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo por créditos tomados con la Anses, llegaron al récord de 182 mil millones de pesos; esto involucra a más de 7,7 millones de personas, en un 80 por ciento dentro del rango del haber mínimo: El 92% de las beneficiarias de la AUH, el 26% de los Jubilados y Pensionados, el 36% de las Pensiones No Contributivas, el 44% de las Pensiones Asistenciales a los Adultos Mayores, etc.
Todo lo hasta aquí mencionado, en un contexto en el que los usuarios residenciales -pese al congelamiento tarifario del año 2020-
debieron afrontar el pago de facturas que entre 2016 y 2020 se incrementaron entre un 2500 % y 3500 % según la categoría y
condiciones de servicio. Esta es una de las causas del alto endeudamiento de muchos usuarios y la creciente pérdida del servicio de miles de familias que debieron desconectarse del sistema de electricidad, por falta de pago.
Deberíamos mencionar también la aparición y desarrollo de los sistemas de Medidores Prepagos que –a pesar de vivirse como una solución en la visión corta de la situación para algunos afectados- no deja de socavar gravemente los principios de servicio público que deben regir en este servicio.
La Tarifa Social existente no llega a cubrir las necesidades de vastos sectores. Cualquier revisión tarifaria propuesta en la situación económica existente, debe obligatoriamente realizarse con un criterio de equidad, que mejore los requisitos de admisión de la Tarifa Social vigente y su efectivo cumplimiento por parte de las distribuidoras.
Entendemos que la propuesta de segmentación tarifaria planteada por las autoridades, debe estar basada en zonas de prestación del servicio y/o la capacidad económica real y verificada de los usuarios, con una imprescindible implementación de un coeficiente específico para los usuarios de altos ingresos y/o zonas de residencia de alto valor inmobiliario. Creemos que esta segmentación no debe basarse en los niveles de consumo ya que existen grupos de “electrointensivos” (sólo con conexión de luz, sin gas y muchos sin aguas y cloacas) que consumen más por esta situación de infraestructura y no por derrochar. Volvemos a la necesidad de un estudio socio ambiental para poder fijar sus tarifas.
Hoy debemos expresar nuestra opinión sobre el incremento tarifario propuesto por Edenor y Edesur, sin dejar de reconocer los esfuerzos realizados desde la intervención del Enre, encabezada hoy por la Dra. Soledad Manin. Esta intervención dio muestras cabales de comprender los alcances de la problemática dictando resoluciones que han solucionado problemas crecientes en el ámbito de su competencia. (Resoluciones sobre Consumos No Registrados, Tratamiento frente a los morosos ante el vencimiento de los plazos del Decreto 311/2020, etc.)

En sus propuestas Edenor y Edesur solicitan aumentos que van del 81 % al 159 % según la categoría de usuarios. Asimismo, aseguran que deberán bajar la calidad del servicio (podemos percibir que redundará en una mayor cantidad de cortes). Sostenemos que bajo ningún punto de vista puede aceptarse la disminución de los estándares de calidad solicitada por ambas distribuidoras.

No podemos dejar de mencionar, que resulta llamativa la propuesta formulada por la distribuidora Edenor, en relación a la supresión de todas las categorías actuales (de R1 a R9), pasando a un único cargo fijo mensual para todos los usuarios de $ 400, agregando luego el cargo
variable (valor del Kwh) diferenciado por consumos de hasta 400 kwh. Si se aplicara esta metodología, los consumos más bajos tendrían un
incremento mayor en la tarifa, lo cual no creemos que sea casual, ya que representan un porcentaje mayor de la totalidad de los usuarios residenciales. Además, esta modificación, reduciría las tarifas de los actuales usuarios de categorías R7 a R9 (las de mayor consumo), sobre un grupo que apenas representa el 15 % de los usuarios residenciales.

Esta polémica propuesta que realiza Edenor, no sólo perjudicaría a la mayor cantidad de usuarios residenciales, que son también las categorías de menor consumo, sino que cambiaría radicalmente el esquema que actualmente tienen las dos distribuidoras eléctricas del AMBA, evidenciando una gran desproporción entre las tarifas de usuarios pertenecientes a una u otra distribuidora, con idéntico consumo. Los usuarios de Edenor, por ejemplo pagarían el doble que los de Edesur, con un idéntico consumo de 150 Kwh mensuales (facturas de $ 650 vs $1.300, Edesur y Edenor respectivamente). De más está aclarar que los servicios de electricidad constituyen un monopolio natural, en el cual los usuarios no pueden elegir qué distribuidora les prestará el servicio. Por ello, nos oponemos rotundamente a esta propuesta de Edenor, que constituye un cambio estructural, generando grandes diferencias en las tarifas de los usuarios residenciales.
Los aumentos de los cuadros tarifarios formulados por las distribuidoras, que parten de los valores tarifarios actuales, carecen de toda lógica si los analizamos a la luz del informe de auditoría realizado por la intervención del ENRE, sobre la Revisión Tarifaria Integral anterior, que
se encuentra vigente a la fecha. Dicho informe, realizado por el ente, pone de manifiesto algunos puntos que confirman lo que muchas entidades de defensa del consumidor, planteamos desde 2016 y hasta 2019 inclusive: que los exhorbitantes aumentos tarifarios producidos en dicho período, no se encontraban debidamente fundamentados por las distribuidoras y fueron imposibles de afrontar por muchos usuarios.
Podría considerarse que aquellos actos administrativos eran válidos (desde el punto de vista del derecho administrativo) pero no tuvieron en cuenta el contexto económico y social, apartándose del criterio de tarifas justas y razonables, ello visto desde el punto de vista de los usuarios y el carácter esencial que tienen los servicios públicos domiciliarios.
Asimismo, manifestamos nuestra intención de que las facilidades que obtengan las distribuidoras respecto de sus deudas con el mercado mayorista -conforme se establece en la Resolución 40/2020 de la Secretaría de Energía- cuente con un reconocimiento análogo en relación a las deudas que mantengan los usuarios residenciales (según decreto 311/2020) con las distribuidoras, debiendo éstas otorgar extensos plazos de pago a la menor tasa de interés posible o, preferentemente a tasa $ 0 (cero pesos).
La Comisión de Usuarios tiene expectativas favorables para que el año 2021, permita la superación de las consecuencias derivadas de la pandemia. Pero estamos convencidos que un aumento en las tarifas de los Servicios Públicos no contribuirá a dicho objetivo, sino que por el contrario influirá directamente en los ingresos de los usuarios e indirectamente en la actividad económica.

Millones de argentinos se encuentran en mora en el pago de las facturas, sobreendeudados, tal como lo reconoce tácitamente el Decreto 311/2020. Compartimos lo expresado en los considerandos del Decreto 1020/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en lo referido a que las tarifas aplicadas entre 2016 y 2019 “no resultaron justas, ni razonables ni transparentes, conforme los resultados de las auditorías y revisiones llevadas adelante por el ENRE y el ENARGAS”.
En razón de lo expuesto, la Comisión de Usuarios expresa su rechazo a cualquier porcentaje de aumento de las tarifas de los Usuarios Residenciales durante el año 2021. Este documento está suscripto por las 22 asociaciones de usuarios con reconocimiento nacional de la Secretaría de Comercio de la Nación, con sedes y filiales en jurisdicción del ente regulador.
M. Fernanda Lacey
UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES
Coordinación

Emma Cabello
C.O.D.E.C.
Coordinación Adjunta