Por Alfredo Sainz | LA NACION
Ayer debe de haber sido un día de festejos en las telefónicas y en los bancos. Es que desde hace años los servicios de telefonía celular y las tarjetas de crédito lideran los reclamos de las asociaciones de defensa del consumidor que ahora son cuestionadas por el Gobierno.
Con enormes limitaciones de presupuesto, y a veces cierta incapacidad técnica, en los últimos años estas entidades se convirtieron en uno de los pocos interlocutores con los que cuentan los ciudadanos para canalizar sus quejas e intentar defender sus derechos. Si bien el papel que juegan sigue estando a años luz del poder que tienen sus organizaciones hermanas a nivel internacional, tímidamente las asociaciones de defensa del consumidor supieron ganarse un lugar en los últimos años, demostrando -en la mayoría de los casos- una saludable independencia no sólo frente al poder económico sino también en relación con el poder político.
El argumento que esgrime el Gobierno contra las consultoras privadas que miden la inflación -a las que acusó de especular con los bonos cuya cotización está atada al costo de vida- no se puede aplicar para perseguir a entidades sin fines de lucro que aun en medio de la ofensiva de Guillermo Moreno nunca dejaron de publicar su propios relevamientos de precios.
Esta independencia frente al poder político seguramente explica la sanción contra la entidad que dirige Héctor Polino, que tiene un antecedente en el cambio del marco regulatorio del sector que se conoció hace dos meses y faculta a la Secretaría de Comercio Interior a dar de baja a este tipo de entidades. Sin embargo, no es descabellado pensar que desde alguna tribuna oficial se disfrace la medida de un triunfo contra el neoliberalismo y las corporaciones. Al fin y al cabo, los derechos de los consumidores fueron introducidos por un presidente norteamericano como John F. Kennedy en su discurso en la ONU en 1962, y en el país adquirieron por primera vez un reconocimiento legal en los “malditos” 90, cuando el Congreso sancionó la ley de defensa del consumidor, en 1993.
El relato empieza a tambalear cuando se descubre que la autoridad encargada de controlar la metodología de las asociaciones de consumidores no es otra que María Lucila “Pimpi” Colombo, una dirigente que antes de sumarse al Frente para la Victoria, en 2000, no tuvo ningún inconveniente en integrar las listas del Encuentro por la Ciudad, la alianza que llevaba como candidato a intendente porteño a Domingo Cavallo
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