Nota: EL ECONOMISTA DE AMÉRICA
EFE – 8/01/2020
Con la economía en recesión y la inflación disparada, los argentinos ven cómo el coste de la compra para alimentar a su familia varía prácticamente cada semana, pese a las medidas gubernamentales para estabilizar la situación.
Ofertas semanales, programas estatales de control de precios y exenciones de impuestos son algunas de las variables que influyen en la compra de los argentinos.
Un mismo producto cambia de precio “de un barrio a otro”, afirma en una entrevista con Efe el presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, quien destaca que incluso “dentro del mismo barrio dos comercios pueden tener el mismo producto, la misma marca, el mismo tamaño, con precios diferentes”.
La subida de precios
La inflación es un problema histórico de la economía argentina, aunque los abruptos ciclos de devaluación del peso registrados desde abril de 2018 -cuando comenzó una nueva recesión que aún continua- tuvieron un fuerte impacto en la escalada de los precios.
A comienzos de 2019, una botella de aceite de girasol costaba 91,65 pesos de media, mientras que a primeros de 2020 cuesta 124,5 pesos (2,34 dólares), según las medias elaboradas por Consumidores Libres. Y la botella de agua pasó de 38,65 pesos a 75,5 pesos; el detergente de 69,15 pesos a 116,7 pesos, y así sucesivamente.
Para Polino, el aumento de precios en la estructura de costo hace que nadie sepa el precio “justo” o “razonable”: “Un día aumenta la luz, otro día el gas natural, otro el agua potable”, aclara.
A esto hay que añadir la culminación, el 1 de enero pasado, de la exención del Impuesto de Valor Añadido (IVA) -aprobada por el ejecutivo de Macri el pasado agosto tras agravarse la crisis- que se aplicaba a varios productos de la canasta básica que pasarán a ser gravados de nuevo con el 21%.
Pese a que parte del impuesto será absorbido por los supermercados, se espera que se produzcan subidas de en torno al 7% en todos estos productos excepto los lácteos.
La odisea de ir a comprar
En un país con el 35,4% bajo la línea de la pobreza -en el primer trimestre de 2019, según los últimos datos difundidos- y una inflación desbocada del 48,3% entre enero y noviembre del pasado año, el precio de 38 de los artículos que forman la canasta básica puede variar hasta un 6,8% dependiendo del establecimiento, según los datos de ‘Consumidores libres’.
Entre las distintas opciones, Polino recomienda las ferias de los barrios de Buenos Aires, además de las cooperativas de consumo en el interior del país como lugares donde se pueden conseguir alimentos de buena calidad y a un mejor precio que en los comercios.
Fruto de la adversidad, surgió el ingenio y se han popularizado herramientas como aplicaciones de escaneo de precios o incluso un ‘bot’ en la red social Telegram que permite localizar qué supermercado cercano vende más barato un determinado producto.
Otra solución más tradicional es aprovechar mejor la comida: Remedios utiliza recursos que la gente suele tirar para otras recetas como las cáscaras de naranja para hacer mermelada o los tallos de acelga para milanesas.
Precios cuidados
Para estabilizar la situación, el Gobierno renovó este martes el plan ‘Precios Cuidados’, que data de 2014, y que consiste en un acuerdo con el sector privado para fijar el precio de una serie de productos de primera necesidad. La última prórroga del ejecutivo de Mauricio Macri (2015-2019) vencía el pasado lunes, por lo que el Ejecutivo entrante renegoció el contenido de la lista y la redujo de más de 500 productos a 310, aunque con una mayor presencia de primeras marcas.
El precio se revisará trimestralmente y tendrá una vigencia de un año, durante el que podrán añadirse nuevos productos. En la presentación del programa, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció una bajada de precio del 8% de media en los productos de la nueva lista que incluye marcas como Coca Cola, la cerveza Quilmes y las tres principales marcas de pañales.
La apuesta por las primeras marcas fue justificada por el Gobierno argumentando por un lado que representaba el consumo de los argentinos y, por otro, la necesidad de garantizar la disponibilidad en todo el país y en todos los supermercados.
Para Polino, es un plan que puede cumplir su objetivo, pero que perdió efectividad durante el gobierno de Macri porque no se aplicaron “controles” y el funcionamiento del programa depende del “empeño” por parte de las autoridades y de que se sancione en caso de incumplimiento.
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