Giorgis, a través de un proyecto de resolución, solicitó declarar este boicot de interés público y pide también que la Cámara de Diputados de la Nación consagre a la telefonía celular como servicio público.
“El aumento anunciado es por demás indignante, sobre todo teniendo en cuenta la pésima calidad del servicio que estas tres empresas monopólicas foránea nos dan. No sólo que la calidad del servicio no mejora, sino que cada vez es peor. El aumento superó incluso los acuerdos paritarios de todos los gremios de los trabajadores, ya que ronda el 40 por ciento en lo que va del año, algo insólito”, dijo Giorgis.
La legisladora se preguntó qué se espera para incluir a la telefonía móvil como servicio público. “Nadie puede desconocer la funcionalidad e importancia de las comunicaciones en estos tiempos, y más aún de los celulares. La falta de inversiones por parte de las telefónicas hace que el sistema esté totalmente colapsado, o sea se siguen vendiendo líneas pero la capacidad de las antenas no alcanza, por lo tanto no tenemos prácticamente señal”, aseveró.
“En la Argentina no pagamos tarifa, sino que pagamos un precio arbitrario fijado exclusivamente por las empresas multinacionales. Esto ocurre bochornosamente porque no ha sido declarado servicio público. Frente a este desentendimiento, el Estado no tiene intervención, como si la tiene en caso de la telefonía fija, el gas, la luz, que son servicios públicos declarados por ley”, dijo.
“En la telefonía celular el Estado no analiza la ecuación económica de las empresas prestadoras y tampoco le establece márgenes de rentabilidad razonables. Todo esto permite que el servicio sea cada vez peor e igualmente aumenten los precios. Las ganancias de estas multinacionales no pueden estar por encima de la vida y de los intereses de las personas”, afirmó.
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