Fuente: Ambito Web
Activistas organizados que llaman a no consumir por un día; aplicaciones para chequear precios desde el teléfono móvil; exhortaciones del Gobierno a denunciar la falta de un producto incluido en el programa de Precios Cuidados; proclamas institucionales contra la pistola remarcadora. Postales de una batalla despareja que encuentra vacantes a los tribunales de defensa de la competencia establecidos en 1999 y una marcada concentración de la oferta que, con holgura, gana la pulseada.
La puja cotidiana por los precios, que enfrenta cuerpo a cuerpo a clientes de los supermercados con las grandes empresas, se parece al combate bíblico entre David y Goliat. ¿Podrá aquí el pequeño pastor, al que el Gobierno alienta a ir al campo de batalla, derribar al gigante con apenas una honda y una piedra, para ultimarlo luego con su propia espada?
Esta cronista hizo la prueba de denunciar a un supermercado que justificó la desaparición de los productos con Precios Cuidados en su oferta de venta digital por la presunta insuficiencia de stock. Unos días después, la oficina de Precios Cuidados -que depende de la Secretaría de Comercio- respondió amablemente al reclamo agradeciendo el compromiso con el programa.
Pero la queja y la respuesta rápida no cambiaron nada. La oficina admitió que el acuerdo con los supermercados no incluye las ventas virtuales. Es decir, que el consumidor que puede pagar el cargo adicional para que le lleven el pedido a casa, no puede acceder a los productos protegidos, creados para que sean un ancla de los precios en general.
Cuando el consumidor deja a un lado la pereza y se presenta físicamente en el local, deberá tener cuidado de tomar fotografías con el celular para denunciar in situ alguna distorsión o faltantes ante el programa Precios Cuidados. En algunos locales comienzan a advertir que no está permitido tomar imágenes por razones de seguridad.
¿Será que en lugar de pelear de manera individual -como lo hizo David- hay que hacerlo en grupo y no en el supermercado sino desde casa? Veamos.
Los integrantes de Apagón de Consumo están convencidos de que sus convocatorias a no comprar por un día, que hacen a través de las redes sociales y del boca a boca, pueden contribuir a bajar los precios sin moverse de casa. Viernes intentó conocerlos pero no quisieron identificarse personalmente y prefirieron responder preguntas a través del espacio virtual.
Según ellos, el movimiento que llama a abstenerse de comprar en determinados días es independiente y apartidario y no tiene ninguna vinculación con el Gobierno o las juventudes militantes. La idea de Apagón, dicen, es contribuir a tomar conciencia de nuestros hábitos como consumidores y poner freno a los aumentos desmedidos de precios.
También buscan exigir al Estado que actúe y sancione a aquellos que incumplen los acuerdos establecidos, aunque no especifican cómo se lo exigen. Sus activistas creen que los apagones hacen que mermen los clientes al supermercado o que -si van- se limiten a comprar lo esencial. Esa menor concurrencia, dicen ellos, podría hacer que bajen los precios. ¿O no?
Falta lograr que nos respeten como consumidores, que cumplan con los Precios Cuidados y con los stocks de mercadería, señalan. No es poco lo que falta. Ésta es una lucha para ver quién tiene más poder. Lamentablemente los supermercados son muy fuertes y van a demorar en revertir su accionar, admitió el vocero anónimo de Apagón.
El exdiputado socialista Héctor Polino, fundador de Consumidores Libres, es un conocedor de todas estas batallas perdidas. El consumidor no tiene acceso a la estructura de costos. No sabe cómo incide la mano de obra, el combustible o la energía en un precio. Sólo puede saber si sus ingresos le alcanzan o no para adquirir la canasta, explicó a Viernes.
Para Polino, es el Estado el que debe intervenir para conocer la estructura de costos y ver dónde se producen las distorsiones para corregirlas.
El exlegislador, que rechazó dos veces ser parte del Gobierno de Néstor Kirchner, fue muy crítico de la intervención del INDEC y de la manipulación de sus datos, y también cuestionó algunas de las polémicas iniciativas del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno como la de la fallida Súper Card, que iba a servir a los consumidores para comprar más barato.
Durante aquella gestión, Polino criticó también al Gobierno porque, en lugar de multar a los que atropellaban los derechos de los consumidores con precios irrazonables denunciaron a las organizaciones que los defienden. Fue luego de que Consumidores Libres cayera en la volteada de entidades denunciadas por difundir un relevamiento de precios alternativo al oficial.
Según su opinión, los consumidores son cada vez más conscientes de sus derechos y ese progreso, dijo, se tradujo en leyes como las que regulan la defensa de la competencia, de los clientes, de la lealtad comercial o la que interviene en el mercado de tarjetas de crédito para frenar costos abusivos.
Sin embargo, también advirtió que hay herramientas que creó la legislación y que no se ponen en práctica. Son letra muerta. Por ejemplo, el tribunal autárquico de siete expertos independientes e idóneos en asuntos de defensa de la competencia, que se había diseñado junto con la Ley de Defensa de la Competencia sancionada en 1999, está todavía en veremos. Quince años pasaron.
Polino, que participó en la redacción de aquella norma, contó que no hubo voluntad política de dejar esas cuestiones en manos de gente independiente de los gobiernos y de las empresas. Esos especialistas, que deberían concursar para el puesto, podrían aplicar sanciones cuando detectan abusos y mucho más en épocas en que el índice de inflación anual marca dos dígitos.
La ausencia del tribunal permitió que Carrefour evitara pagar una multa que se le aplicó en 2009. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lo había denunciado, pero la Justicia le dio la razón al hipermercado que, en su defensa, argumentó que el organismo que debía aplicar las sanciones nunca había sido creado. No importa si Carrefour violó derechos de los consumidores. El organismo que le aplicó la sanción no era competente, dijo la Justicia.
Por eso es que Polino tiene dudas de la efectividad de las multas que está aplicando la Secretaría de Comercio a los supermercados en estas últimas semanas. El fallo Carrefour habría sentado una jurisprudencia negativa para los consumidores y para el Estado. Algo así como una jugada para contentar a la tribuna.
Tampoco proliferan los tribunales arbitrales de consumo, creados hace más de diez años para todo el país y que se abrieron sólo en Buenos Aires sin mucha difusión. Los consumidores apenas los conocen. Si lo hicieran podrían recurrir a ellos para obtener un laudo más rápido y efectivo que si se van a la -morosa y cara- Justicia ordinaria.
De todas maneras, el socialista consideró buena la iniciativa de convocar a las empresas para desentrañar cómo se forman los precios.
Empresas concentradas
En todo caso, el Gobierno parece más decidido ahora a empoderar a los consumidores para avanzar en una cruzada contra los formadores de precios animándolos a que vayan, sin los debidos pertrechos. Mientras esa pelea se dirime entre las góndolas, la Secretaría de Comercio estudia con detenimiento las estructuras de costos de unas firmas que -según un experto consultado por Viernes– acentuaron su concentración durante la década ganada.
El investigador, que prefirió el anonimato para preservar su buena relación con funcionarios del área de Economía, explicó que los procesos de concentración económica son característicos de la etapa actual del capitalismo a escala global. Sin embargo, advirtió que la particularidad de la Argentina es que aquí ese proceso de conglomeración se combina con una capacidad muy limitada del Estado para regular los mercados, un hecho que potencia el daño.
El Estado está desmantelado para gestionar este tipo de problemas, advirtió rotundo. De acuerdo con sus estudios, las 100 empresas más grandes de la Argentina en el sector industrial están hoy detrás de 46 por ciento de las ventas, y el fenómeno no está en repliegue como podría sugerir el combativo discurso oficial contra los monopolios, sino al contrario.
A fines de los 90, esas firmas dominaban el 35 por ciento de las operaciones. O sea que su porción es hoy once puntos porcentuales más grande. Casi la mitad de la torta.
¿Cómo se visualiza esa concentración? Frente a la góndola uno puede optar por los tallarines Matarazzo, los Lucchetti o los Don Vicente y creer que está eligiendo a uno y castigando a otro. Pero en cualquiera de los casos estará comprando un producto de Molinos, la empresa que se jacta de estar detrás del 23 por ciento de lo que los argentinos almorzamos y cenamos.
La firma británica-holandesa Unilever seguramente es desconocida entre las amas de casa. Pero es la dueña de todos los productos Skip y también de los de Ala por mencionar a dos presuntos competidores en el mercado de limpiadores para la ropa. La compañía es además fabricante de jabones Dove y también de los Lux. Está detrás del desodorante Rexona, de Axe y de Impulse.
La profundización de la concentración y de la extranjerización son los dos factores que marcan un ruido entre el discurso oficial y la realidad, alertó el experto, que es investigador del Conicet. Las pymes crecieron en estos años, pero las grandes empresas lo hicieron mucho más, y el 70 por ciento de las 100 más grandes son extranjeras, un porcentaje elevadísimo para la historia argentina y para la región, señaló.
Con los años y la globalización, estas grandes firmas desarrollaron además un amplio mercado de exportación y su rentabilidad no parece estar atada a que se paguen salarios altos en el mercado doméstico. Por citar un caso, Molinos informa en su página web que exporta el 67 por ciento de lo que produce en la Argentina. Arcor, por su parte, asegura venderles galletitas y golosinas a más de 120 países. El Apagón de Consumo no los deja a oscuras.
La concentración incide y mucho en los precios, advirtió la fuente. En una primera instancia el Gobierno no le daba importancia a la inflación oligopólica. Empezó a hacerlo hace un año, pero focaliza todo a nivel de productos, no de cadena productiva, y eso hace que la carga se traslade de un eslabón a otro, remarcó. En la medida en que la política de Precios Cuidados no vire del planteo por producto al planteo por cadena, la capacidad del Estado será limitada, avizoró.
La Serenísima, que junto con Sancor reina en el mercado de lácteos, puede comprometerse con un precio y luego trasladar esa carga a los tamberos. Así es como los grandes condicionan a los pequeños al punto de volverlos insustentables para luego absorberlos, explicó el experto. Se da la paradoja de que a mayor intervención del Estado, más se profundiza la concentración, concluyó. Está bien regular precios, pero hay que apuntar a la cadena, no al producto, insistió. Y para eso, no basta con empoderar a los que empujan el carrito.
El Estado mira
Al edificio de la Secretaría de Comercio en diagonal Julio A. Roca, cerca de la Plaza de Mayo, están llegando gerentes de nueve empresas grandes por día para brindar información detallada sobre sus costos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Se trata de firmas de alimentos, bebidas, ar-
tículos de tocador y de limpieza, entre otros, requeridas por el organismo para conocer más sobre la formación de precios.
La Ley de Defensa de la Competencia permite hacer investigaciones de mercado, citar a las empresas a audiencias y pedir informes sobre cómo está el mercado, explicó a Viernes el vicepresidente de la Comisión, el abogado Humberto Guardia Mendonca, que estuvo detrás de pesquisas en el mercado de la energía y de las telecomunicaciones.
Las empresas deben informar a quién le compran y a quién le venden, por eso es que al principio se citó a doscientas firmas pero ya apuntan a más. Miramos la estructura de los mercados y el desempeño de los actores, resumió Guardia. Si la estructura es compleja -prefirió el funcionario para evitar decir concentrada o cerrada- entonces miramos con más atención.
El vocero de una de esas empresas, que prefirió preservar su identidad, confió a Viernes que la firma no está feliz por ser citada, pero reconoció que la relación con el Gobierno es fluida, diaria, y que el acuerdo de precios funciona y los obligó a aumentar la producción. Son unos pocos productos suyos que se ofrecen con precio anclado. El resto sigue valorándose libremente.
El portavoz -que no logró conseguir que hable con Viernes un representante de la empresa- consideró que los reclamos de los consumidores no deben apuntar a los proveedores sino a los comercios, porque es allí donde se registran faltantes que irritan a los clientes. La provisión es constante y se entrega tal como se comprometieron a hacer, afirmó.
Este suplemento intentó entonces hablar con el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos,Juan Vasco Martínez, pero el diálogo fue breve e infructuoso. Por el momento no hacemos declaraciones, ni sobre Precios Cuidados ni sobre la convocatoria de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para conocer la estructura de costos de toda la cadena.
Luego de mirar, escuchar y analizar la información que le llevan las empresas, la Comisión se propone procesar los datos y elevar el diagnóstico al secretario de Comercio Augusto Costa. Será para fin de mes, calculan. El secretario será el que resuelva qué hacer en caso de que se detecten malos comportamientos.
La investigación es muy seria, aseguró Guardia, y utiliza la misma vara para todos. Si uno pide prórroga para responder, se les concede más plazo a todos los de su rama.
El funcionario, que estaba en su puesto en la época de Moreno, aseguró que en los últimos ocho años se aplicaron multas por 800 millones de pesos. La mitad de ese monto fue confirmado por la Justicia. Los casos en los que la Comisión no tuvo apoyo judicial fueron medidas cautelares, cuando el Gobierno pidió frenar una actividad que podría resultar dañina para la competencia.
Es decir, que las sanciones podrían seguir. O no. En cambio, Guardia descartó la posibilidad de resucitar la idea de crear tribunales de defensa de la competencia, como manda la ley.
Según el funcionario, que habló a título personal en este aspecto, en ningún país del mundo existe un diseño de ese tipo, que deja el control de los mercados a un organismo independiente de la política económica del Gobierno. Ni en España ni en Brasil, dijo, donde existen normas efectivas de control antimonopolios, tienen tribunales de esas características. Tampoco tienen una inflación que aguijonea su economía.
Al conocer la iniciativa de la convocatoria, el experto en concentración sostuvo que cualquier aproximación del Estado a conocer la estructura de costos de las empresas es mejor que nada, porque el Estado carece de las herramientas para controlar la cadena de precios y los aumentos. Pero no se puede controlar la inflación con los números de las empresas, alertó.
Con los Precios Cuidados se llama a los consumidores a actuar y a denunciar, pero el responsable último de los aumentos es el Estado, no el consumidor. Pedir a los clientes o a La Cámpora que controlen a los supermercados, dijo, es un reconocimiento implícito de que el Estado carece de la capacidad para hacer seguimiento de precios.
¿O acaso hay inflación porque los consumidores no nos comprometemos con el control?, se preguntó. Es perverso ese argumento. Como también es perverso decir que los precios suben porque hay empresas que conspiran contra el Gobierno. El ‘Frankenstein’ que estuvieron alimentando se les vino en contra. Ahora todo es mucho más complejo, concluyó.
Deja una respuesta